Instalar capacidades en el Estado para el bien-estar de las personas
Tomás Vodanovic y Jaime Bellolio llamaron a construir acuerdos nacionales capaces de
trascender los ciclos de gobierno. Como ciudadana, estoy cansada de ver políticas que
comienzan, se interrumpen o vuelven a empezar cada gobierno.
Chile necesita sostener objetivos de largo plazo en capacidades estatales, primera
infancia, infraestructura territorial, desarrollo, seguridad y transformación tecnológica.
Pero también necesita instituciones que traduzcan esos acuerdos en decisiones
consistentes, evaluables y visibles.
Ahí una perspectiva de bienestar puede aportar algo sustantivo. No hablo de un nuevo
eslogan sobre el “buen vivir”. De eslóganes estamos cansadas. Hablo de cambiar la
forma en que el Estado decide qué prioriza, dónde invierte, cómo evalúa y cómo
demuestra que esas decisiones mejoran nuestras vidas.
El Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024 del PNUD describe una sociedad
que quiere cambios: 88% los desea y 75% aspira a transformaciones profundas. Pero
63% cree que personas como ellas pueden hacer poco o nada para cambiar el país,
frente a 45% en 1999. La OCDE apunta en la misma dirección: en Chile, la confianza
alta o moderadamente alta en el gobierno nacional cayó de 30% en 2023 a 26% en
2025.
Por eso, los acuerdos nacionales deberían responder: ¿qué resultados queremos
producir en la vida de las personas y mediante qué reglas institucionales vamos a
perseguirlos?
Mirar la complejidad de la vida
Las personas no vivimos divididas por ministerios. Una madre o un padre no piensa
primero en transporte, luego en educación y después en cuidados. Piensa: “¿Cómo
dejo a mi hija en el colegio si tengo que tomar la micro a las seis de la mañana y ni
siquiera me queda de camino?”. En esa pregunta se cruzan educación, transporte,
empleo, cuidados, seguridad y tiempo.
Lo mismo ocurre con primera infancia, salud mental, deporte, cultura o espacios
públicos. Sus efectos no caben en una sola categoría administrativa. Cuando
enfrentamos una crisis de seguridad, deporte, cultura y espacio público suelen parecer
gastos prescindibles. Pero un niño expuesto a violencia también necesita lugares
seguros donde jugar, encontrarse con otros y descubrir otras posibilidades para su
vida.
Una inversión en infraestructura puede evaluarse por su rentabilidad, pero también por
su capacidad de reducir desigualdades territoriales, mejorar acceso a servicios o
preparar comunidades frente a riesgos socio-naturales.
Los cambios requeridos
El bienestar requiere indicadores que cambien decisiones.
Un primer paso es modernizar la evaluación social de las inversiones. Las
metodologías podrían incorporar con más fuerza impactos sobre bienestar y
desigualdad territorial. Una inversión pequeña en una localidad rural o región rezagada
puede transformar una comunidad sin aparecer como la alternativa de mayor
rentabilidad bajo criterios tradicionales. Eso exige cambios en la Subsecretaría de
Evaluación Social y avanzar hacia una lógica como el Living Standards Framework de
Nueva Zelanda: medir para decidir.
Un segundo cambio debería ocurrir en el presupuesto. Si estos acuerdos aspiran a
sobrevivir a distintos gobiernos, la ciudadanía debería poder seguir una trayectoria
sencilla: prioridades acordadas → recursos asignados → beneficios/territorios
beneficiados → resultados obtenidos. No sólo por ministerio, sino también por temática
y dimensión de bienestar.
Porque salud no depende sólo del presupuesto de Salud. La actividad física ayuda a
prevenir enfermedades no transmisibles, y ciclovías seguras pueden generar beneficios
simultáneos en salud, movilidad y medioambiente. Una mirada sistémica obliga a
preguntarnos cuánto invertimos no sólo en tratar la enfermedad, sino también en
prevenirla y vivir mejor. Eso exige modernizar también la forma en que DIPRES
organiza y permite seguir el gasto público.
Chile no puede reiniciarse cada cuatro años. Necesitamos acuerdos, pero también
instrumentos para que el Estado pueda priorizar el bienestar de las personas.
Diagnósticos sobran. La pregunta incómoda es qué hacemos con todo lo que sabemos.
¿De qué sirve conocer las brechas de bienestar infantil si no modifican decisiones?
¿De qué sirve saber que podemos prevenir trayectorias de exclusión y violencia si no
fortalecemos oportunidades? ¿De qué sirve conocer nuestros riesgos frente a
incendios y desastres si seguimos reaccionando igual ante cada emergencia?
Los acuerdos nacionales pueden ser un primer paso. Pero sólo reconstruirán confianza
si dejan de ser declaraciones y empiezan a producir resultados visibles en la vida de
las personas. De eso también depende nuestra democracia.
Referencias
PNUD. (2024). Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024. ¿Por qué nos cuesta
cambiar?
OECD. (2026). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results.
World Health Organization. (2021).
